Comité Financiero y Corporativo – Reunión con Zoom
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Este fin de semana se ha completado en Andalucía la migración tecnológica de los 3,5 millones de clientes activos de Banco Popular en toda España. Estos clientes no han tenido que cambiar su número de cuenta ni sus tarjetas.
Ha sido un proceso de gran envergadura en el que han participado más de 1.200 profesionales -principalmente del Área de Tecnología y Operaciones- y que ha causado las menores molestias posibles a los clientes. Ha incluido 1,6 millones de horas de desarrollo de software y más de 60.000 pruebas. Se han enviado casi 10 millones de cartas, mensajes y notificaciones a los clientes, y se han realizado 500.000 llamadas y 120.000 visitas.
Los clientes se mostraron muy satisfechos con la transparencia del proyecto y el apoyo recibido. También apreciaron el hecho de que la migración tecnológica no afectara a sus actividades normales. En un cuestionario cumplimentado por 6.000 clientes, el 91% de los clientes cuyas cuentas habían sido migradas afirmaron haber sido informados adecuadamente sobre el proceso de integración, y el 55% se declararon muy satisfechos con la información recibida (en una escala de 0 a 10, sus puntuaciones oscilaron entre 9 y 10). La puntuación media fue de 8, y el 52% se declaró “muy satisfecho”.
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En el acto preparatorio de la Junta Única de Resolución (JUR), es decir, la “Notificación de la JUR”, publicada hoy, la JUR decide preliminarmente, basándose en las conclusiones del informe “Valoración 3”, que no tiene intención de pagar una indemnización a los antiguos accionistas y acreedores de BPE cuyos intereses se vieron afectados como consecuencia de la decisión de resolución. Antes de que la JUR adopte una decisión final sobre si es necesario conceder una indemnización, la JUR está poniendo en marcha un procedimiento de “derecho a ser oído”.
Según el marco de resolución, la “Valoración 3” determina si los accionistas y acreedores afectados habrían recibido un trato mejor si el banco se hubiera liquidado con arreglo a los procedimientos de insolvencia normales. Este informe debe ser elaborado por un experto independiente. En el caso de BPE, el informe de “Valoración 3” fue realizado por Deloitte.
El informe “Valoración 3” llega a la conclusión de que, en un procedimiento de insolvencia normal, las pérdidas globales habrían sido sustancialmente superiores a las pérdidas realizadas en la resolución. Los accionistas y acreedores cuyos instrumentos fueron amortizados o convertidos y transferidos en la resolución no habrían recibido un trato mejor si BPE hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia normales. Así pues, basándose en el informe, la JUR decide preliminarmente que no está obligada a pagar una compensación a los accionistas y acreedores afectados.
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“2017 ha sido otro año muy sólido, y los resultados anunciados hoy demuestran la fortaleza de nuestra escala y diversificación. El enfoque del Grupo en ganarse la fidelidad de los clientes, combinado con la gran ejecución de nuestros equipos, nos ha permitido generar un aumento del 20% en el beneficio subyacente antes de impuestos, reforzando nuestra posición como uno de los bancos más rentables, eficientes y predecibles del mundo. De cara al futuro, vemos importantes oportunidades para seguir creciendo orgánicamente dentro de nuestra base de 133 millones de clientes. Estamos bien posicionados para seguir ayudando a prosperar a las personas y empresas a las que servimos y confío en que cumpliremos todos los objetivos para 2018.”
En 2017 hubo un comportamiento positivo de los mercados en un clima optimista propiciado por los buenos datos macroeconómicos, por la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en 0,25 pb en tres ocasiones -mientras que el BCE aplazó un cambio en su política monetaria- y por la estabilidad política creada gracias a las elecciones en Europa, Países Bajos, Francia y Alemania.
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La hipotética valoración, realizada por la consultora AlixPartners, que fue contratada por algunos de los bonistas del Popular para apoyar sus argumentos contra la primera resolución bancaria de Europa tras la crisis, indica que el banco habría generado 3.400 millones de euros en efectivo tras siete años de insolvencia después de devolver 2.000 millones de euros perdidos por los bonistas. En un documento enviado a las autoridades de la UE que supervisaron la liquidación del Popular, los inversores tachan de “materialmente errónea” una estimación anterior del valor del Popular.
Las autoridades europeas liquidaron y vendieron el Popular al también banco español Banco Santander SA por 1 euro el 7 de junio de 2017. Los inversores que perdieron un total de 3.000 millones de euros han demandado a la Junta Única de Resolución (JUR), la agencia de la UE encargada de liquidar los bancos en dificultades, y a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En agosto se publicó el esperado informe de valoración “no creditor worse off” (NCWO), también de Deloitte, en el que se concluía que los bonistas y accionistas no habrían recibido un trato mejor si el Banco Popular se hubiera liquidado con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, lo que significa que la JUR probablemente no tendría que indemnizar a los inversores. Según las normas de la UE, tras una resolución debe llevarse a cabo una valoración independiente detallada para garantizar que los accionistas y acreedores no hayan sufrido pérdidas mayores de las que habrían sufrido en un procedimiento de insolvencia normal.
