Afectados banco popular ultimas noticias

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Pensiones afectadas tras la intervención del Banco de Inglaterra | 5 Noticias

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BID Invest también ofrecerá asistencia técnica para la protección de zonas costeras, la restauración de manglares y corales, además de una consultoría para analizar el impacto del cambio climático en las propiedades del grupo.

Con esta operación, BID Invest reafirma su compromiso de invertir en la recuperación del turismo sostenible, un sector prioritario en América Latina y el Caribe. Anticipamos que esta transacción también servirá como catalizador para otras inversiones turísticas en la región”.

Se espera que esta operación contribuya a cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), Consumo y Producción Responsables (ODS 12), Acción por el Clima (ODS 13) y Alianzas para los Objetivos (ODS 17).

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo gestión y 385 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en diversos sectores.

La nueva moneda nigeriana afectará negativamente a las pequeñas empresas

La tierra sigue temblando. La gente, sobre todo la que vive cerca de los epicentros, tiene ansiedad y miedo. El sistema eléctrico es débil y se registran apagones. Más de dos años después de la destrucción provocada por el huracán María, Puerto Rico se enfrenta a otro desafío traído por la naturaleza.

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El 7 de enero, un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter sacudió el país, seguido de múltiples réplicas que, al momento de esta publicación, no han cesado. Los pueblos del suroeste son los más afectados, con cientos de familias que han perdido sus hogares. Personas asustadas se han organizado en campamentos al aire libre por miedo a que sus casas se derrumben. El presidente Trump aprobó la declaración de Puerto Rico como zona catastrófica, autorizando el desembolso de fondos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para ayudar a las personas que perdieron sus casas.

Una vez más, se puede ver la desorganización e ineficiencia del gobierno en medio del desastre. Años de políticas de austeridad y recortes masivos del gasto público por parte de la Junta de Supervisión han dejado al país indefenso para responder a emergencias como ésta. La naturaleza causa estragos, pero la crisis es política. La gente no confía en las agencias gubernamentales.

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La JUR y el tasador independiente, en su caso, han revisado y están finalizando su evaluación de las 2.856 presentaciones de las partes afectadas registradas y verificadas. Sobre esta base, la JUR estudiará detenidamente su decisión final sobre la necesidad de conceder una indemnización a los accionistas y acreedores afectados. La JUR se esforzará por alcanzar y anunciar su decisión en los próximos meses.

Debido a su tensa situación de liquidez, el Banco Central Europeo (BCE) había decidido el 6 de junio de 2017 que el Banco Popular estaba “en quiebra o en peligro de quiebra” y lo notificó a la JUR. La JUR y la Autoridad Nacional de Resolución española -FROB- decidieron que la venta era de interés público, ya que protege a todos los depositantes del Banco Popular y garantiza la estabilidad financiera. El esquema de resolución entró en vigor el mismo día, tras la aprobación de la Comisión Europea.

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El 6 de agosto de 2018, la JUR publicó su acto preparatorio (Comunicación de la JUR) en el que adoptó la decisión preliminar de que no está obligada a compensar a los accionistas y acreedores afectados de Banco Popular sobre la base de las conclusiones del informe del valorador independiente relativo a la valoración de la diferencia de trato (“Informe de valoración 3”). Al mismo tiempo, abrió el registro para el proceso de derecho a ser oído. Esto permitía a los accionistas y acreedores afectados razonar su disconformidad con la decisión preliminar y explicar por qué consideran que deberían haberse adoptado enfoques o hipótesis alternativas para el procedimiento concursal ordinario y, en caso de haberse adoptado, cómo habrían afectado en su opinión al resultado final.

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